La Justicia argentina embargó un apartamento y cinco cuentas bancarias de la Asociación Madres de Plaza de Mayo por falta de fondos para pagar a los acreedores de su fundación, que está siendo investigada por un presunto delito de lavado de dinero y fraude, según informó hoy el diario Clarín.
El rotativo de mayor tirada en Argentina asegura que el embargo del inmueble situado en pleno centro de Buenos Aires fue dictado por el magistrado del fuero comercial Federico Güerri a partir de denuncias de proveedores de la fundación, que reclaman el pago de cheques que les fueron rebotados por falta de fondos.
Según Clarín, en el fuero comercial hay 24 pleitos abiertos contra las Madres y cinco pedidos de quiebra.
La deuda acumulada por la fundación ascendería a los 40 millones de pesos (9,4 millones de dólares), según fuentes cercanas a la causa pero no especificadas por el diario.
Este sábado la presidenta de la asociación, Hebe de Bonafini, negó “tajantemente” en un comunicado versiones aparecidas en la prensa que aseguraban que iban a cerrar la fundación a través de la que en los últimos años construyeron miles de viviendas populares en todo el país gracias a millonarios aportes del Estado.
El juez federal Norberto Oyarbide, a quien la oposición acusa de estar alineado con el Gobierno de Cristina Fernández, investiga desde junio bajo secreto de sumario presuntas irregularidades en el manejo de estos fondos a raíz de una denuncia contra el que hasta mayo fue el apoderado de la entidad humanitaria, Sergio Schoklender.
La causa traspasó fronteras este mes cuando Schoklender denunció que la organización manejaba una cuenta con dos millones de euros en la española Caja de Ahorros de Asturias (Cajastur), a la vez que acusó a Bonafini de financiar gastos de la campaña electoral de la presidenta Fernández.
El plan “Sueños Compartidos”, por el que las Madres construyeron las viviendas para personas de bajos recursos, permanece paralizado desde junio, lo que ha desatado además protestas de trabajadores que reclaman salarios atrasados e indemnizaciones por la pérdida de su empleo.
Sergio Schoklender se recibió de abogado a fines de la década de 1980 mientras cumplía una condena de 30 años de prisión por el asesinato de sus padres.
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