Alcaldes y funcionarios de 286 de las 345 comunas del país recibieron -y algunos siguen haciéndolo- aumentos de sueldos ilegales, utilizando una interpretación de una norma que data de 1980, y haciendo caso omiso a una serie de pronunciamientos de Contraloría, que no sólo reprochan ese actuar, sino que además solicitan que los dineros sean devueltos a las arcas fiscales.
Dado que las administraciones comunales, lejos de corregir el problema, incluso han aumentado la entrega de recursos por esta vía, el contralor general, Ramiro Mendoza, envió los antecedentes al Presidente Sebastián Piñera .
En el año en que se presentaron más casos, 2009, el perjuicio sobrepasó los $ 14 mil millones, es decir, unos US$ 28 millones .
Según Contraloría, la fórmula para aumentar irregularmente los sueldos nació en 1981, cuando comenzó a aplicarse la nueva ley previsional.
Como cambió el sistema de imposiciones y el trabajador debía imponer parte de su sueldo, el gobierno creó un factor para subir las remuneraciones imponibles, con el fin de que los empleados públicos siguieran recibiendo los mismos sueldos líquidos. En 1998, Contraloría aclaró que el factor que aumentaba las remuneraciones sólo debía aplicarse para los componentes del salario que se pagaban antes de 1981.
El asunto se zanjó con una frase: "El incremento previsional se aplica sólo a las remuneraciones imponibles al 28 de febrero de 1981".
Algunos alcaldes tienen "afán" de "eludir órdenes"
Hasta ahí, aparentemente los casos irregulares eran aislados, pero en 2008 un nuevo pronunciamiento sirvió como resquicio: Un funcionario de Salud consultó si le era posible recibir un aumento previsional en base a remuneraciones anteriores a 1981. Al responder, en un párrafo introductorio el organismo fiscalizador no especificó que se refería a los sueldos de antes de la entrada en vigencia de la nueva ley previsional y "algunos municipios entendieron equivocadamente que la Contraloría había variado" el criterio.
Ante ello, la entidad fiscalizadora emitió diversos informes (más de 70), señalando que los aumentos salariales eran improcedentes, que había que devolver los dineros mal pagados y les hizo ver a los municipios que eran los únicos entes públicos que se estaban aprovechando de la situación.
"Pese a la claridad de los pronunciamientos... varias municipalidades, a través de sus respectivos alcaldes, quienes también se han visto beneficiados (indebidamente), han continuado en su afán de eludir el cumplimiento de las órdenes impartidas por esta entidad ", sostiene el documento entregado a Piñera.
Tras ello acusa que, además, una serie de gobiernos comunales estarían coludidos para actuar:
"Del idéntico tenor de muchas de las presentaciones formuladas por las entidades edilicias, sobre todo las de aquellas que pertenecen a una misma región o localidad, puede desprenderse que un número importante de ellas está actuando de manera conjunta o concertada a fin de insistir en la errónea interpretación de la forma de cálculo... o, al menos, prolongar el tiempo durante el cual se siga pagando dicho beneficio indebidamente ".
Posibles querellas por "estrategia para burlar institucionalidad"
Además de numerosos reclamos para evitar pagar total o parcialmente los dineros a recibir (algunos de ellos acogidos), las municipalidades, alcaldes y empleados iniciaron 296 acciones judiciales, como recursos de protección, rechazados en tu totalidad cuando llegaron a la Corte Suprema.
Una parte de los municipios exigieron en tribunales la devolución del dinero a sus funcionarios, pero rechazaron ser representados por el Consejo de Defensa del Estado.
Eso les habría permitido llegar a acuerdos o advenimientos con sus "contrapartes", que en general consistieron... en no cobrarles e incluso seguirles cancelando los montos "indebidos".
Contraloría afirma que ello forma parte de una "estrategia para burlar la institucionalidad", ocasionando un "grave perjuicio al patrimonio municipal", por lo que puso los antecedentes en conocimiento del CDE, con el fin de que se dé curso a investigaciones judiciales para determinar la posible existencia de delitos ya no administrativos, sino penales.
$495 millones de Temuco
Uno de los casos más preocupantes (por los montos involucrados) es Temuco, donde se alcanzaron a cancelar de manera irregular $ 495 millones, según Contraloría. En Antofagasta la suma alcanzaría los $200 millones.
El problema resultó generalizado en las regiones I, II, IV, IX y XIV, donde el 100% de las municipalidades presentó esos aumentos. En Santiago la cifra fue de 20 de 52 municipios, pero sólo los de Buin y Curacaví persistieron en su actuar después de 2009.
